Según los datos que maneja
Aportalia respecto a las operaciones de compraventa en 2022, el perfil del comprador medio en la comunidad corresponde al de una
persona joven (30-40 años), sin hijos y que adquiere una vivienda habitual por un precio de entre 150.000 y 200.000 euros.
En concreto, siempre refiriéndonos a 2022, el
61% de las operaciones de compraventa mediadas por Aportalia corresponde a la franja de edad
entre los 30-40; el
35% son compradores de entre
40 y 50 y solamente un
4%,
mayores de 50. Por debajo de los 30 no se ha registrado ninguna venta.
En un
61% se trata de
parejas sin hijos, seguido de
familias con un
54% y de
personas individuales con un
13%. Entre los motivos más habituales para adquirir una vivienda se encuentran el
cambio de residencia,
56%, y la
adquisición de una primera vivienda,
30%.
En cuanto al precio, la horquilla más común es la que va de
150.000 a 200.000 euros. En 2022, esta ha sido la casuística del
39% de los casos, si bien muy de cerca, en un
34%, se ha situado la vivienda con un precio establecido entre los
100.000 y los 150.000 euros.
En el momento de abordar su financiación, muchos han elegido la opción combinada de ahorro personal e hipoteca, 65%, mientras otros han optado directamente por hipoteca, 47%, ahorro personal, 26%, o la suma de las dos anteriores junto a un préstamo familiar, 8%. En la mayoría de las ocasiones, esta hipoteca cubre el 80% del precio de la vivienda, aunque en algunos casos suele solicitarse por un porcentaje menor. Además, el
tiempo promedio que transcurre hasta el cierre de una venta es de
entre uno y cuatro meses.
Por otro lado, mientras en el caso de compradores nacionales el 100% de los inmuebles vendidos ha correspondido a
vivienda habitual, en 2022 también se han tramitado
ventas de segundas residencias, que en un 58% se han firmado con ciudadanos de otros países. Lo mismo ocurre en el caso de
compra de vivienda para inversión; solamente un 26% de las realizadas el año anterior corresponden a ciudadanos españoles. El 14% de estas ventas las han concentrado ciudadanos de otros países la UE y hasta un 38%, de países de fuera de la UE.